En Oaxaca, 57 municipios de los 570 que existen en la entidad no comprobaron en qué o cómo gastaron más de 140 millones de pesos, los cuales debieron de asignarse para obras de infraestructura social en beneficio de dichos municipios, de acuerdo a la información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social (FISE) que ascienden a 140 millones 247 mil 300 pesos, se encontraban contemplados para obras en colonias pobres, infraestructura básica de sectores como Salud y Educativo, como para el mejoramiento de vivienda. Sin embargo la auditoria superior estatal, solo obtuvo la comprobación del ejercicio de 79 millones 330 mil 900 pesos.

Según la ASF estatal destinó a 57 municipios recursos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) 2018, un monto de 140 millones 247 mil 300 pesos; pero de esta cantidad solo se obtuvo la comprobación del empleo de 79 millones 330 mil 900 pesos.

A pesar de que algunos ayuntamientos si presentara documentos, las autoridades municipales no acreditaron que las obras que debieron realizar estén terminadas o cumplan con los objetivos del FISE 2018, siendo unos 60 millones 916 mil 300 pesos, que no han sido comprobados.

Las autoridades municipales que se encuentran en la lista del probable desvío de recursos son: la Asunción Cacalotepec, Asunción Ixtaltepec, Chalcatongo Hidalgo, Magdalena Mixtepec, Santiago Pinotepa Nacional, Mesones Hidalgo, San Agustín Amatengo, San Andrés Ixtlahuaca, San José Tenango y Teotitlán del Valle, entre otros.

El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), señala que en Oaxaca, las personas en situación de pobreza son 2.7 millones, que está representada en un 66.4% de la población de todo el estado, lo que quiere decir que seis de cada 10 oaxaqueños se encuentran en esta situación. Y en condiciones pobreza extrema se hallan 951 mil 848 personas, lo que es un 23.3% de la población.

La ASF también auditó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual no comprobó recursos por un importe de 36.7 millones de pesos. El total de los gastos sin justificar por parte de esta comisión, son más de 177 millones de pesos, que no cumplen con la comprobación para verificar que las acciones existieran en los tiempos establecidos por la normativa.

Debido a la falta de documentos que comprueben el destino de los recursos asignados, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado explicó que para determinar las posibles responsabilidades, ha iniciado la integración del expediente DQDIB/1089/2019.

“Por lo que se da como promovida esta acción y queda pendiente de aclarar el importe observado”, añade la ASF.

Se presume que por dichas irregularidades existe un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 177 millones de pesos, agregando los intereses que origine desde su salida hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.