Morena va contra caseros en la CDMX: inquilinos podrían exigir no pagar renta

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Argumentan que todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna.

Con una iniciativa de reformas al Código Civil, que presentaron las diputadas Valentina Batres y Martha Ávila, por la Ciudad de México, Morena se enfila ahora contra los caseros, con “candados” en contra de los dueños y flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos sin que paguen rentas en tiempo y forma, en tiempos del COVID-19.

Por: Víctor Chávez/ El Financiero

Con el argumento de que “todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna”, las legisladoras propusieron –el 8 de julio– diversas reformas al Código Civil para la Ciudad de México en materia de arrendamiento, y disponen que, por la crisis de la epidemia, los inquilinos puedan exigir modificar el contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar.

En el artículo 2403 proponen que “en el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo, aún por incumplimiento del pago de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad”, y que “el arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años”.

En el 2425 BIS disponen que “el arrendatario de vivienda tiene derecho a que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble; que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía; no ser víctimas de desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas; en caso de desocupaciones ordenadas judicialmente deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación”.

Además, “el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de decisión anticipada del contrato por parte del arrendatario, o de una cantidad equivalente al mismo al término temporal del mismo”.

La iniciativa reconoce que la sugerencia viene de la Coalición Internacional para el Hábitat Oficina para América Latina del Movimiento Urbano Popular, de la Red de Desalojos de la Ciudad de México, así como de Miguel Aguas y Carlos Escoffié, activistas en derecho a la vivienda.