Con bloqueos carreteros, extorsiones y amenazas de enfrentamiento con violencia, Carmelo Cruz Mendoza, edil de Santa María Colotepec, busca negociar con el Gobierno de Oaxaca una controversia constitucional de carácter limítrofe con número de expediente 02/2018, radicado en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a pesar de saber con certeza que no está dentro de la competencia del ejecutivo la solución a la problemática con respecto a los límites territoriales con el municipio de San Pedro Mixtepec.
Es lamentable que Carmelo Cruz Mendoza, presidente municipal de Santa María Colotepec, afecte a las y los pobladores que viven del turismo, venta de artesanías y consumo, solo por el hecho de que se le fue de las manos apoderarse de Puerto Escondido para administrar libremente los bienes, las contribuciones y otros ingresos; así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del uso de suelo, regular la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos, disolviéndose su ambición de dinero.
El edil Carmelo Cruz Mendoza tuvo el atrevimiento de convocar a comuneros y pobladores de Santa María Colotepec y, como si viviéramos en la Edad Media, los dotó con machetes nuevos y los incitó a atacar con violencia a pobladores de San Pedro Mixtepec si no cambia la resolución el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Se trata de una evidente caso de extorsión, aparte de incurrir en el delito de afectaciones a las vías de comunicación y de violar la suspensión decretada por la Sala Constitucional.
Lo que tiene que hacer el edil de Santa María Colotepec, Carmelo Cruz Mendoza, es contratar un buen abogado, ya que continúa el periodo de pruebas, en vez de estar afectando a las y los oaxaqueños, además de gastar el dinero del municipio en esos más de 500 machetes nuevos.
La FGR deberá abrir una carpeta de investigación por el delito en que está incurriendo el edi al bloquear una carretera federal y cobrar $200.00 pesos para otorgar el paso a cada vehículo, mismos que se destinan a la compra de bebidas alcohólicas.
El Gobierno de Oaxaca no debería caer en provocaciones de quien sólo busca obtener beneficios personales, y sobre quien debe caer todo el peso de la ley.
