Moisés MOLINA*
Esta semana tuvimos 2 foros de discusión en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Vino el Dr. Jorge Pesqueira Leal, pionero de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos en México, que inició hace 20 años una cruzada que al día de hoy no termina y que debe ser sin duda el futuro de la justicia en México.
Y también nos visitó la Dra. Amalia Gamio, Vicepresidenta del Comité de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad para presidir el curso “Capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.
Respecto de la justicia alternativa se tiene que socializar y volver parte de nuestra cultura cívica sus bondades y su práctica.
Y es que en México, judicializar es parte de nuestra cultura actual. Estamos tan acostumbrados a que un juzgador defina nuestras controversias que pasamos por alto, obviamos o desconfiamos de la mediación o del arbitraje, por ejemplo.
Si la justicia no es expedita es por la excesiva carga de trabajo en los tribunales, y muchos de esos asuntos no tendrían que llegar siquiera a un dictado de sentencia.
La cultura de la mediación para solucionar conflictos es parte de la cultura de la paz.
El fortalecimiento de los sistemas de justicia debe pasar por hacer de sus áreas de justicia alternativa espacios vigorosos que desahoguen la sobrecarga de los juzgados.
La agenda de las personas con discapacidad tampoco se detiene. Son activistas entusiastas, comprometidos y muy nobles.
Su trato respetuoso y por momentos solemne es confundido por algunos como señal de inferioridad frente a las figuras de autoridad que tienen que ver con el respeto, promoción y garantía de sus derechos.
Pero no nos confundamos. Esos derechos, como lo reiteró la doctora Gamio, no son concesión graciosa ni del legislador, ni de los juzgadores, ni de los funcionarios públicos.
El reconocimiento y respeto irrestricto a sus derechos es una obligación que a todos nos imponen las leyes. No hay más.
Pero el problema sigue estando en su cumplimiento efectivo.
Siempre que haya un obstáculo físico, legal o procedimental para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, esos derechos seguirán incumplidos.
En nuestros primeros cursos de Derecho Civil, la interdicción era figura de estudio obligada. Y muchos siguen reproduciendo su enseñanza irreflexivamente. Como autómatas.
Los nuevos desarrollos de las teorías de la justicia basadas en derechos humanos le reconocen a las personas con discapacidad el derecho humano a la capacidad jurídica.
Por eso más allá de que en Oaxaca está transitando la reforma al nuevo Código Familiar para suprimir la interdicción, ante la inminencia de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está discusión debe florecer en el Congreso de la Unión.
Al final del día se trata de un asunto de voluntad política desde la empatía y de que los legisladores escuchen e incorporen los argumentos de los que saben al producto final de las leyes.
Y los que más saben de ello son las propias personas con discapacidad y sus mejores aliadas que siguen siendo los colectivos y las asociaciones de la sociedad civil expertas en discapacidad, pero también expertas en derecho.
Seguramente pronto tendremos noticias. Mientras tanto no quitaremos el dedo del renglón hasta que la cultura de la paz y la dignidad se hagan costumbre.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca .
