Rosario Robles duerme desde ayer en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por delitos de ejercicio indebido del servicio público. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo ordenó la prisión preventiva y desestimó el hecho de que Robles pidiera seguir su proceso en libertad.
La Fiscalía General de la República imputó los delitos por la presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros, que causaron un daño a la hacienda pública por más de cinco mil millones de pesos.
Mientras ese presunto quebranto se ejecutó a través de 27 convenios de colaboración firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (al mando de Robles) con diversas universidades de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas, ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya iniciaron un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia, ya que se detectaron 105 convenios adicionales reportados por la Auditoría Superior de la Federación.
Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa. Añadió que se solicitó información y apoyo a las unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos. “Hasta este momento tenemos siete personas con cuentas congeladas, con montos variables que llegan a los 12 millones de pesos. Estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de las empresas fachada”.
Antes de ser sentenciada a dos meses prisión preventiva, con su equipo de seis abogados, Robles escuchó atenta el veredicto del juez. Con voz entrecortada y evidente cansancio, rogó por su libertad y alegó que no tiene patrimonio ni millones de pesos para huir de la justicia. Anoche, su abogado Julio Hernández declaró que el juzgador aplicó “razonamientos poco apegados a Derecho, sin fundamento”.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del caso y señaló que “no es un asunto” del Gobierno federal. “Es un logro el que no haya impunidad”.
